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Posicionamiento contra las sentencias que anulan nombramiento de enfermeras responsables de centro sanitarios y negación de Nivel A1.

Desde la SEEGG nos unimos a este posicionamiento por parte de La Asociación Enfermería Comunitaria en el que deseamos trasladar a la opinión pública nuestro desacuerdo absoluto con las últimas sentencias dictadas en diferentes juzgados españoles en las que se anulan los nombramientos de enfermeras como responsables de centros sanitarios.

Esta situación, determinada por las denuncias presentadas por el Sindicato Médico en las Comunidades Autónomas, demuestra una estrategia de acoso y derribo permanente liderada por el Sindicato Médico con la justificación de obstaculizar cualquier decisión que comporte la perdida de la exclusividad de la gestión. Esta estrategia se ampara en determinadas normativas preconstitucionales aún vigentes que impiden los cambios realizados por los gobiernos autonómicos para que otros profesionales que no sean médicos puedan acceder.

Queremos destacar la parálisis e inacción política de quienes tienen las competencias para derogar estas normas preconstitucionales que se mantienen de manera incomprensible y que van en contra de la lógica, la razón, la ciencia y la conciencia.

A todo esto se une la negativa a reconocer el nivel A1 a las Enfermeras, hecho que consideramos absurdo, considerándolo un ataque a la dignidad profesional enfermera suponiendo también un ataque a la inteligencia representando el establecimiento de una jerarquía perversa, hipócrita y mentirosa por los argumentos utilizados.

Así pues, las sociedades científicas enfermeras instamos a los poderes públicos competentes a que de una vez por todas procedan a regularizar una situación tan anómala como perversa e injustificable, que tiene un nocivo, tóxico, demoledor y evidente impacto en la necesaria eficacia de gestión de los equipos afectados y en la salud de las personas, las familias y la comunidad.

La salud no depende de ninguna titulación exclusiva y excluyente y debe estar amparada y defendida en base a criterios de capacidad y mérito que deben ser prioritarios a la hora de tomar decisiones.

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