El conjunto de la Organización Colegial de Enfermería, el Sindicato de Enfermería SATSE, la Conferencia Nacional de Decanas/os de Enfermería (CNDE), la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), las Sociedades Científicas de Enfermería y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE), desean trasladar al Gobierno de España -especialmente a las ministras de Educación y de Sanidad- las graves consecuencias que se derivan de la nueva
titulación de Formación Profesional denominada “Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal” sobre la atención a las personas mayores y dependientes de nuestro país.
Resultan evidentes, y así se ha denunciado por la profesión Enfermera en repetidas ocasiones, la carencia de recursos del sistema sociosanitario, unas deficiencias que han estallado ante la opinión pública con motivo de la pandemia de coronavirus, pero que estaban ahí desde mucho antes. Entre dichas carencias destaca la falta de enfermeras en las residencias y centros sociosanitarios, la cual responde principalmente a dos factores. El primero se debe a las precarias
e indignas condiciones laborales, salariales y de desarrollo profesional que se ofrecen, diferenciando negativamente este ámbito laboral de otros y por lo tanto desincentivando claramente a los profesionales sanitarios, entre ellos, a las enfermeras/os. Y el segundo factor tiene su origen en el déficit crónico de profesionales que existe en España, en algunas regiones más que alarmante, con un número de enfermeras/os muy por debajo de los países de nuestro
entorno socioeconómico y cultural y más propio de países que están a años luz de nuestro Producto Interior Bruto (PIB).
Todo ello sumado a que en este sector, mayoritariamente privado o concertado, se realiza una escasa inversión tanto por parte de la Administración como por parte de la Empresa Privada, descapitalizando cada vez más en el primer caso e intentando rentabilizar a toda costa en el segundo caso, un sector que necesita ahora más que nunca una estrategia nacional y un impulso excepcional.
Sin embargo, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha optado de nuevo por una solución basada en la economía de medios a este importante problema que afecta muy negativamente al propio Estado del Bienestar como es la creación de esta titulación de FP, que se traducirá en la creación de un ejército de profesionales “low cost” que asuman las funciones de supervisión de funciones en los ámbitos de la Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Psicología, Terapia Ocupacional y otras profesiones sanitarias, e incluso no sanitarias, creando una figura polivalente “capaz de supervisar” el desarrollo y ejecución de competencias de todas estas profesiones pero para las que, de forma contradictoria, no está habilitado para planificarlas, ejecutarlas directamente, ni modificarlas en tiempo real en base a situaciones sobrevenidas que se dan continuamente en el día a día por carecer de las titulaciones correspondientes.
Por tanto, esta cualificación pretende institucionalizar la delegación de competencias de terceros prediseñadas, diferidas y sin capacidad de resolución en tiempo real. Concretamente en lo que se refiere a la profesión Enfermera, la supervisión de los cuidados, sean estos complejos o no, de las personas que viven en residencias o de los que presentan una dependencia física o mental, no puede recaer en los futuros titulados con ese curso de supervisión sociosanitaria. Esto no ocurre en ningún otro nivel asistencial, y por lo tanto, no se entiende esta falta de garantías y de seguridad en una población tan vulnerable. Nos preocupa que esta solución puramente economicista del Gobierno, que puede que ni siquiera sea viable en el corto plazo, comprometa la atención sociosanitaria en España durante décadas, afectando a la salud y expectativas de vida de miles de nuestros mayores y de las personas dependientes.
Además, el módulo de Formación Profesional por el que apuesta el Ministerio de Educación, no sabemos aún si con el consentimiento del Ministerio de Sanidad, incorpora “intervenciones sanitarias” propias de la profesión Enfermera como son los “cuidados básicos de enfermería” así como “cuidados complejos y específicos” que precisan de conocimiento y tecnología (ventilación mecánica, administración de medicación, preparación de botiquines, atención en situaciones de emergencia etc). Ello resulta incomprensible ya que, si lo que se persigue con esta titulación es contar con personal cualificado para supervisar y coordinar los cuidados y la prestación sanitaria en este ámbito, la única opción legal es recurrir a las enfermeras tanto generalistas como especialistas en Geriatría, con las que ya cuenta nuestro país, profesionales formados en la Universidad y en las Unidades Docentes para Especialistas durante años, para atender y hacer de nuestras residencias lugares donde los cuidados y asistencia sanitaria que se preste sea adecuada a las necesidades de las personas residentes, garantizando la igualdad de oportunidades en salud y manteniendo todas las garantías de calidad y seguridad. Es de destacar que en los equipos asistenciales de las residencias de mayores y el sector sociosanitario las enfermeras/os trabajan en equipos de cuidados junto a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y técnicos de grado medio en atención sociosanitaria, siendo
innecesario que se incorporen nuevas titulaciones, sino que lo adecuado sería reforzar las plantillas del ámbito sociosanitario con estos perfiles y titulaciones profesionales. Siendo más rentable (si ese es el propósito) mejorar invirtiendo en lo que ya existe y garantizando la coordinación del ámbito sociosanitario con los distintos niveles de atención sanitaria evitando así su aislamiento, que sin duda ha sido el principal causante de la situación trágica que se ha vivido recientemente.
Por tanto y para concluir consideramos que, frente a soluciones improvisadas y a la renuncia de la calidad de la atención, el Gobierno debe apostar por las enfermeras como referentes en cuidados. No tiene ningún sentido crear nuevas titulaciones y categorías ya que no va a suponer ninguna mejora en la atención a las personas, por el contrario, lo que evidencia es que simplemente se pretende ahorrar costes, normalizando el intrusismo profesional y cronificando las condiciones laborales precarias en un sector clave para atender las necesidades de las personas de edad avanzada y aquejada de patologías crónicas que domina nuestra pirámide demográfica. Todo ello ha propiciado la indignación del conjunto de la profesión enfermera, tal y como han puesto de manifiesto numerosas entidades y grupos de profesionales del sector, y ahora lo hacemos de manera conjunta y pública las organizaciones que suscribimos este manifiesto. Esta nueva titulación supone una afrenta y ninguneo hacia nuestra profesión que no estamos dispuestos a tolerar.
Por todos los motivos expuestos, instamos al Ministerio de Educación y Formación Profesional y a su titular, Pilar Alegría, a que suspenda con urgencia esta nueva cualificación del ámbito de la formación profesional instándola a que valore las consecuencias que poner en marcha esta titulación tendrá sobre la asistencia sociosanitaria que reciben las personas residentes. Y del mismo modo, solicitamos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, su intervención en este tema, que afecta directamente a sus competencias, con el fin último de velar por la salud de nuestros mayores y personas dependientes.
Consejo General de Enfermería
Sociedades Científicas Enfermeras
Consejo General de Enfermería (CGE)
Sindicato de Enfermería SATSE
Sociedades Científicas de Enfermería
Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Enfermería
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería
Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería
